El representante de una de las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Sandro Ramírez, reiteró ayer el rechazo de esta organización al proyecto de transferencia de la administración de campos deportivos construidos por el Gobierno.
EL DIARIO
El Concejo Municipal de El Alto, en las últimas horas, dijo: “Tenemos entendido que han presentado un segundo proyecto, para la trasferencia de algunos espacios deportivos, donde se ha construido las canchas sintéticas, lamentablemente creemos que como autoridades, mínimamente deberían consultar con los distritos municipales, con sus juntas vecinales, la propuesta del proyecto de ley para querer trasferir la administración de dichos espacios”, indicó.
Para Ramírez, la dirigencia vecinal, en los distritos donde existen estos equipamientos deportivos, no fue consultada para definir un proyecto de ley municipal o normativa, que defina la transferencia, “más aun cuando no se conoce legalmente la pertenencia del derecho propietarios de dichas canchas”, explicó.
El representante vecinal, asegura que si bien ellos están de acuerdo en que la instancia municipal aplique procesos de fiscalización a la administración de las canchas, a cargo de las juntas vecinales, se opone a que las mismas sean administradas en su totalidad por la entidad edil.
Recordó que en lo referente a las canchas deportivas, no todas estarían siendo administradas por las juntas vecinales, alguna de ellas están en manos de ligas deportivas. “No hay capacidad de administrar las canchas, como ocurre en el caso del D-7 donde las condiciones no son las más adecuadas, como se verificó el pasado sábado”, explicó Ramírez.
Para el dirigente vecinal, las canchas construidas con recursos públicos por parte del Gobierno, deberían seguir en manos de las juntas vecinales y la propia liga deportiva, razón por la que Fejuve nuevamente reitera oponerse a la transferencia de las canchas que fueron construidas y entregas por el gobierno.
El Municipio construyó cerca de 30 canchas de césped sintético a las que se suman 11 por parte del Gobierno central, con proyectos de la UPRE, además de otros proyectos a partir de ministerios, siendo en su mayoría recursos públicos que fueron entregados a las zonas como apoyo a las juntas vecinales.
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