Fabiola Cáceres con Jorge C.. en una foto de su álbum personal.
ANF
La parte acusadora anunció que presentará acusación particular contra los dos coimputados por el feminicidio de Paola Cáceres y denunció a la fiscalía por intentar librar de culpa a uno de los dos responsables del crimen.
La joven de 26 años murió la madrugada del 31 de julio por asfixia mecánica y luego de haber sido violada, según estableció la autopsia y confirmó la necropsia solicitada por la parte acusadora. La fiscalía imputó del hecho a Jorge C. y Marcelo J. que guardan prisión preventiva en el penal de San Pedro.
Sin embargo en la fecha, para sorpresa de la parte acusadora, la fiscalía presentó su informe en conclusiones con dos resoluciones para el pronunciamiento del Juez Segundo de Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer.
“Una de las resoluciones solicita el sobreseimiento y el cierre de obrados en el proceso contra Jorge C. y, la otra, plantea la acusación por feminicidio contra Marcelo J.”, informó a ANF la abogada de la parte acusadora Verónica Rivero.
La jurista cuestionó la actuación de la fiscalía “porque en lugar de actuar protegiendo a la víctima, intenta favorecer a los culpables. Nos han conducido a una situación inexplicable que no tiene sustento en las pruebas de este crimen, por lo que presentaremos una acusación particular contra los dos coimputados”.
Recordó que Jorge C.. que ahora aparece beneficiado por el informe en conclusiones de la fiscalía era pareja sentimental de Fabiola Cáceres y fue quien la condujo hasta el domicilio de Marcelo J., donde ocurrió el feminicidio, “ambos fueron detenidos en el lugar de los hechos y se comprobó que alteraron el escenario del crimen”.
Lamentó la actuación del Ministerio Público que debía obrar de oficio cumpliendo el mandato de la Ley 348 para asegurar el procesamiento y la sanción a los culpables por el delito de feminicidio y anunció la acusación particular “para evitar que se consume este acto de impunidad”.
Según Rivero a la largo del proceso la fiscalía actuó con negligencia y favoreció a los procesados, por lo que “denunciamos tanto al forense como a la fiscal del caso por negligencia y tráfico de influencias”.
Recordó que la Fiscalía General del Estado admitió la apertura de un proceso administrativo disciplinario contra Édgar Gisbert, médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, por contravenir la normativa que lo obliga a cumplir sus funciones “con eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la constitución y las leyes”.
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