El comandante nacional de la Policía, general Rino Salazar, puso en duda la legalidad de las pruebas y testimonios recogidos por el defensor del Pueblo, David Tezanos, en relación con la verdadera situación de los hechos acontecidos el 25 de agosto en Panduro, donde el exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y el minero Rubén Aparaya perdieron la vida, además se produjeron 27 heridos de bala.
Asimismo, Salazar tampoco logró explicar cómo se justifica el hecho de que en Panduro, luego de los enfrentamientos, entre cartuchos de balines de goma y siete tipos de gas lacrimógeno, se hayan encontrado casquillos de bala de 9 milímetros, calibre similar al que se presume corresponden a las heridas encontradas, en los cuerpos de los cuatro cooperativistas mineros muertos en ese conflicto.
El defensor del Pueblo, David Tezanos, entregó dos cajas y afirmó que contienen toda la evidencia, en su declaración ante la Fiscalía. Recordemos que las armas de reglamento de la Policía son del mismo calibre.
LEGALIDAD DE LAS PRUEBAS
Salazar no logró explicar el tema de los casquillos encontrados en Panduro, sino que de sus declaraciones se extrae que no habría legalidad en las pruebas que Tezanos adjuntó en su declaración.
“Yo repito: todas las pruebas tienen que ser lícitamente obtenidas, observando (cumpliendo) procedimientos policiales, judiciales, para que éstas sean tomadas en cuenta como evidencias”, refirió el Comandante de la Policía.
Consultado ayer sobre las afirmaciones y las conclusiones del informe presentado por Tezanos, acerca del conflicto Gobierno - Cooperativistas, que dejó seis muertos en agosto, Salazar volvió a poner en duda la veracidad de dicho informe y conminó al Defensor a que presente las pruebas respectivas.
El viernes, Tezanos además de dar varios detalles sobre los excesos cometidos contra los cooperativistas por parte de los uniformados, identificó a siete oficiales de Policía que, en contraste con las órdenes del Plan Operativo, portaban sus armas de reglamento: coronel Juan Carlos Flores Flores, teniente Coronel Richard Gustavo Olivares, mayor Juan Carlos Vega Gareca, mayor Juan Javier Salgueiro Hurtado, mayor Yoshiro Armentia Escobar y Walter Laguna Saavedra.
Al respecto, Salazar señaló que se solicitaron los informes respectivos a lo oficiales aludidos, “sin embargo, hemos visto, casos como el del señor mayor Walter Laguna Saavedra, que ha emitido ya su informe al Comando General, en el que presentó unas certificaciones de bajas médicas, que señalan que él se encontraba recibiendo atención médica y que no estaba presente en los operativos policiales del 25 de agosto, lo cual demuestra que el Defensor del Pueblo se equivocó en sus declaraciones”, afirmó el General.
Salazar también evitó referirse sobre otras imágenes, que en los días de conflicto circularon por redes sociales o fueron publicadas por la prensa; que revelan la posesión de armas de fuego por parte de los policías.
PRUEBAS LÍCITAS
Sobre Tezanos, volvió a recalcar que “las declaraciones del Defensor del Pueblo deben ser demostradas; sus afirmaciones deben ser a través de pruebas lícitamente obtenidas y no basarse en especulaciones”, señaló.
Agregó que los informes de los policías acusados por el Defensor del Pueblo fueron solicitados. (EL DIARIO)
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