domingo, 12 de marzo de 2017

Colectivos: La ampliación de la legalización del aborto no basta

Alvaro Valero / Página Siete. Colectivos piden que el aborto sea abordado dentro del ámbito de la salud pública.

Varias agrupaciones coinciden en que incorporar más causales para legalizar esta práctica en el proyecto de ley del Código del Sistema Penal no es suficiente.
Página Siete /Alejandra Pau  / La Paz

  Varias organizaciones y colectivos bolivianos  que luchan por los derechos de la mujer sostienen que si bien representa un avance la inclusión de nuevas causales para la despenalización del aborto, en la propuesta del  proyecto de ley del Código del Sistema Penal   éste no es significativo.

"Nadie duda  que es un avance, esto  jurídicamente hablando en cuanto a que la propuesta está  absolutamente sujetada a una sentencia constitucional (...). Sin embargo, consideramos que el mejor escenario para las mujeres en cualquier país y, por supuesto, en Bolivia es  la despenalización. El aborto debería  tratarse específicamente en el ámbito de la salud pública”, explicó a Página Siete Tania Nava, una de las voceras  del Pacto Nacional  por la Despenalización del Aborto en Bolivia.

  Según datos de esta organización 67.000 abortos se practican al año en Bolivia. 

El parágrafo V del artículo 157 del documento que se encuentra  en la Asamblea Legislativa  Plurinacional señala  que una mujer puede solicitar de forma voluntaria la interrupción del embarazo   durante las primeras ocho  semanas de gravidez si: se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, no cuenta con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia,  sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención y, finalmente,  si es estudiante. 

Los colectivos sostienen que continúa siendo una propuesta conservadora y tradicional. Un ejemplo de ello es que la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta  22 semanas como el plazo dentro del cual puede realizarse  un aborto. En tanto,   las legislaciones de otros países incorporaron el plazo de 12 semanas y la propuesta habla de ocho. 

   "No podemos negar que es un avance importante, pese a que se lanza una coyuntura en la cual el MAS,  luego del paro de mujeres del 8 de marzo, necesita un elemento para decir que está haciendo algo en política de género. Y también necesita disipar un poco el tema del 21F (...)
 
Sin embargo, nosotros luchamos porque exista una legalización irrestricta y gratuita del aborto para evitar que más de 480 mujeres mueran al año en Bolivia”, sostuvo Violeta Tamayo,  integrante del Colectivo Feminista Pan y Rosas.                  

  Por su parte, Ni Una Menos  ha manifestado que no se puede invisibilizar la muerte de las mujeres que no tienen otra alternativa que someterse a  abortos clandestinos e insalubres al ser considerado un delito penado hasta con seis años de prisión. 

    "Proteger la vida de las mujeres en este contexto es vital. Además de ser un tema de salud pública es un tema de justicia social”, dijo Gema Pérez,  integrante de Ni Una Menos.

   El colectivo feminista  Fuerza Autónoma manifestó ayer que  este proyecto de ley sigue planteando una normativa restrictiva, un placebo que continúa poniendo el cuerpo de la mujer bajo la tutela del Estado.

Asimismo, Andrea Terceros,  integrante de Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe, concluye que este proyecto es un intento a medias para que las mujeres accedan a un aborto seguro y que se realiza bajo términos muy subjetivos. 

 "Creo que de alguna manera  sentimos que son migajas para resolver un tema apremiante (...)
 
Al mismo tiempo, considero que si no se da este paso es probable que no se vuelva a tratar este tema en los próximos 30 años  . Aún nos enfrentamos a demasiadas barreras políticas, religiosas y de otra índole”, añadió.  

     Todos los colectivos coinciden en que su objetivo se habrá cumplido cuando el aborto en Bolivia sea legalizado en forma irrestricta. Asimismo, concuerdan con que la posición de la Iglesia no tiene ninguna importancia y que no debería tener  injerencia en el tratamiento  de esta normativa.    

   La oposición de la Iglesia

La asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch, explicó el viernes que los términos en los que  se aborda el tema del aborto en el proyecto del Código del Sistema Penal son "realmente preocupantes”, y no sólo por  ética sino porque "entran en una franca contradicción” con la Constitución Política del Estado (CPE).

 "La Constitución Política  es clara en reconocer  a la vida como un derecho fundamental”, aseveró y añadió que es un derecho que se debe aplicar a todos y no en forma selectiva.

 Sobre la contradicción a la CPE, Nava contesta que la Sentencia Constitucional 206 de 2014 permite una despenalización parcial del aborto. Gracias a ella y al protocolo hecho por el Ministerio de Salud,  alrededor de 110 mujeres  interrumpieron legalmente su embarazo hasta la fecha.      

Sobre la ética, Nava apuntó que el derecho humano absoluto es el derecho a la integridad de la persona y los otros tienen una categoría similar. 

"La integridad de la persona es la que debe en todo momento ser respetada y garantizada, en este caso la integridad de una mujer. El derecho a la vida, al no ser un derecho absoluto, justamente es el que debe ser tomado en cuenta a partir de un mayor desarrollo”, sostiene.       

La vocera del Pacto Nacional  por la Despenalización del Aborto en Bolivia informó que realizará un monitoreo respecto al Estado laico. "Bajo esa lógica, lo que tiene que primar es el  respecto a los derechos humanos y la ética en ellos”, concluyó Nava.
 
Colegio Médico de La Paz se opone al proyecto

 Página Siete / La Paz
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea,  manifestó  su desacuerdo con el proyecto de ley del Código del Sistema Penal     que incluye nuevas causales para la  legalización del aborto.

 "Queremos ver el anteproyecto, la verdad estamos un poco, creo que en oposición total al hecho de que haya una despenalización, esto tendrá  consecuencias para el gremio profesional médico porque uno de los pilares fundamentales de la profesión médica es salvar vidas y, en este caso, nos estarían imponiendo el hecho de que nosotros terminemos con una vida”, manifestó. 

Según explicó Larrea, el aborto que se le realiza a una  persona que ha sido víctima de violación representa un caso diferente a una persona  que solicite el procedimiento  con sólo presentar una  denuncia  y  eso es lo que se incluye  en esta ley. 

"Vamos a hacer una carta dirigida  al Colegio Médico Nacional para que este  ente pida la reunión con todos los que están tratando este anteproyecto y para  que nosotros pongamos nuestro punto de vista”, finalizó. 

Detenciones

Dos enfermeras y un médico fueron detenidos la pasada semana en consultorios  clandestinos por practicar abortos en forma ilegal. Dentro del consultorio se halló instrumental quirúrgico para practicar los abortos. 

La Fiscalía informó que tiene las pruebas necesarias para sustentar la imputación. Se programó la audiencia para este fin de semana.  

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