Los nueve bolivianos, siete civiles y dos militares, detenidos en Chile, en un confuso incidente en frontera cuando cumplían tareas de lucha contra el contrabando, vivieron un ‘vía crucis’ durante 101 días, hasta consolidar su libertad y retorno a territorio boliviano el miércoles, hecho que también tensionó a lo largo de los tres meses la relación de Bolivia y el país trasandino.
EL ALTO ES NOTICIA/ ABI
Se trata de los militares Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal Uchani y los funcionarios aduaneros David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán Vásquez.
A continuación los hitos más importantes de esa detención y sentencia, calificadas por el Gobierno de “injustas” e “ilegales”.
19 de marzo. Bolivia denunció la incursión de carabineros y el secuestro de militares y funcionarios de la Aduana Nacional en territorio boliviano, por parte de Chile, cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando.
Según imágenes difundidas por las redes sociales y medios de comunicación, los nueve bolivianos fueron trasladados a un juzgado de Tarapacá enmanillados y con signos de haber sido golpeados en el momento de su detención.
Ese hecho se produjo a pocas horas de que el equipo jurídico boliviano entregó la réplica de la demanda marítima planteada contra el país trasandino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y se recuerden 138 años de la pérdida de Litoral.
20 de marzo: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que los militares y funcionarios aduaneros de Bolivia, que fueron detenidos por carabineros, pretendían robar la mercadería de nueve camiones.
Además, la mandataria chilena informó que los detenidos comparecerán en una audiencia para fijar su situación jurídica.
22 de marzo. La justicia chilena determinó la detención preventiva de los dos militares y siete aduaneros bolivianos, acusados por supuesto robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó la detención preventiva de una represalia y venganza del gobierno chileno por la demanda marítima boliviana interpuesta contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
24 de marzo. La ministra de Comunicación, Gisela López, denunció que dos periodistas del canal estatal Bolivia TV fueron retenidos en el aeropuerto de Iquique, en el norte de Chile, cuando intentaban informar sobre la situación de los nueve bolivianos encarcelados en ese país.
Se trata de la periodista Sandra Mariscal y su camarógrafo Erick Condorena, que fueron retenidos en oficinas de migración de la terminal aérea y obligados a comprar el boleto para retornar a Bolivia.
El estatus de Condorena era incierto pues agentes de la Migración chilena le impedían desplazarse y de acuerdo con versiones de prensa su caso estaba en tuición de la Interpol de Chile, en cuyas oficinas se encontraba aún.
25 de marzo. Una misión diplomática boliviana, encabezada por la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Carmen Almendras, visitó a los siete funcionarios aduaneros y dos militares bolivianos encarcelados en la prisión chilena de Alto Hospicio y evidenció que tres presentan lesiones.
Esa misma jornada, el gobierno y las autoridades municipales del país emitieron un pronunciamiento conjunto que rechazaba las agresiones de Chile hacia los ciudadanos bolivianos e iniciaron una campaña de denuncia ante la comunidad internacional.
29 de marzo. Roberto Celedón, abogado chileno que defendió a soldados bolivianos en 2013, se sumó a la defensa de los connacionales encarcelados en el penal chileno de Alto Hospicio por un incidente fronterizo.
31 de marzo. Los familiares de los nueve bolivianos encarcelados preventivamente en el penal de Alto Hospicio, partieron rumbo a ese vecino país para visitar a sus allegados y reforzar su defensa ante la justicia chilena, informó entonces el canciller Fernando Huanacuni.
Los familiares partieron rumbo a ese vecino país por gestiones del Gobierno boliviano, que buscaba agotar todas las vías para lograr su liberación.
11 de abril. El equipo jurídico boliviano presentó un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Iquique, para buscar la liberación de dos militares y siete aduaneros bolivianos.
13 de abril. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el amparo constitucional presentado por autoridades bolivianas para lograr la liberación de los nueve bolivianos.
26 de abril. El diputado chileno José Manuel Edwards sostuvo que “los bolivianos detenidos en Chile son una banda de delincuentes, que ingresaron al país para delinquir, por lo tanto, en un Estado de derecho, deben ser tratados como corresponde por la justicia. Acá no hay un conflicto diplomático y no corresponde la aplicación de normas de reciprocidad”.
A contrapelo, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, consideró que esas declaraciones fueron un “exabrupto”.
2 de mayo. Constancio Quenallata, padre de Bryan, uno de los nueve bolivianos detenidos en Chile, denunció que fue discriminado y sufrió malos tratos de los carabineros de la cárcel de Alto Hospicio, de Iquique, y reveló que antes de ingresar para ver a su hijo le observaron hasta el color de pantalón por lo que ingresó en “calzoncillos”.
Quenallata indicó que los actos de discriminación comenzaron desde la región fronteriza de Pisiga, con preguntas dirigidas y “malintencionadas” que aseguró le “hicieron sentir muy mal” porque le “hicieron ver como un delincuente”.
5 de mayo. Los familiares de los bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio de Iquique, Chile, buscan una reunión con la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, para pedirle la liberación de los compatriotas.
Envían una carta para llegar al corazón de madre de la mandataria.
6 de mayo. La justicia de Chile acepta el recurso de liberación de bolivianos y fija audiencia para el 25 de mayo.
Esa fecha, el presidente Evo Morales denunció que una de las madres de los siete civiles y dos militares bolivianos detenidos en la cárcel chilena de Alto Hospicio, Iquique, fue discriminada por usar pollera.
10 de mayo. El presidente Evo Morales pidió al papa Francisco interceder por los bolivianos detenidos.
17 de mayo. Chile niega la visa de ingreso al ministro de Justicia, Héctor Arce, para asistir a la audiencia de los bolivianos detenidos en Iquique, prevista para el 25 de mayo.
18 de mayo. El embajador chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Gabriel Gaspar, explicó que su país negó la visa al ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, porque en una anterior visita se dedicó a “denostar” a las autoridades e instituciones de ese país.
23 de mayo. La justicia chilena suspende audiencia de bolivianos detenidos hasta el 20 de junio, sin explicar los motivos.
24 de mayo. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anunció un principio de acuerdo, que se convirtió en una alternativa de solución a la detención de los bolivianos, que hizo que la audiencia prevista para el 25 de mayo sea suspendida hasta el 20 de junio, para revisar los términos.
Para el vicepresidente Álvaro García Linera, ese anuncio de un principio de acuerdo entre la Fiscalía de Chile y la defensa de los nueve bolivianos sobre un proceso abreviado, demostraba un procedimiento político y no judicial en contra de los compatriotas.
El gobierno boliviano lamentó el Ejecutivo chileno manipule a la justicia para realizar ese tipo de acciones, y aseguró que Chile no es un Estado que colabore, más bien abusó de los funcionarios bolivianos que cumplían una labor estatal, además que la decisión de encarcelarnos fue política.
18 de junio. Los bolivianos detenidos en Chile anuncian que defenderán su inocencia en un juicio abreviado.
20 de junio. La jueza Isabel Peña de Pozo Almonte, en Iquique, Chile, dictó cuarto intermedio en la audiencia de juicio abreviado de los nueve bolivianos detenidos.
21 de junio. La jueza Isabel Peña de Pozo Almonte, Iquique, Chile, encontró culpables a los nueve bolivianos detenidos por la comisión de los delitos de contrabando, robo con intimidación y porte ilegal de arma, y determinó su expulsión en un plazo de 30 días, además impuso una multa pecuniaria.
El Gobierno boliviano aseguró que ese fallo es una represalia por la demanda marítima que Bolivia instauró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el país trasandino.
El 22 de junio. La defensa de los nueve bolivianos renunció a la apelación de la sentencia y anunció que gestionará la expulsión de los agentes anticontrabando.
23 de junio. El Ejecutivo boliviano aprueba un decreto para pagar la multa impuesta a 9 bolivianos sentenciados en Chile de casi 50.000 dólares.
25 de junio. El candidato presidencial chileno y ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, criticó mediante su cuenta en Twitter al presidente de Bolivia que calificó de “mártires de la reivindicación marítima” a sus nueve compatriotas detenidos y sentenciados en Chile tras un confuso incidente fronterizo ocurrido en marzo último, cuando dos militares y siete aduaneros combatían a contrabandistas.
“Presidente Morales: los 9 funcionarios bolivianos fueron detenidos por violar la ley chilena. Mejor que se calle, deje de mentir y cumpla Tratado de 1904”, escribió Piñera en la red social.
27 de junio. Bolivia hace efectivo el pago de la multa impuesta a los 9 bolivianos sentenciados en Chile.
28 de junio. Los nueve bolivianos que fueron detenidos y sentenciados en Chile llegaron a Pisiga, punto fronterizo, e ingresaron a territorio boliviano, luego de 101 días de permanecer en el vecino país y sufrir la vulneración de sus derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario