EL DIARIO
El analista económico Boris Gómez Úzqueda considera que los costos de producción se van a elevar en el país, como consecuencia del incremento asumido por el Gobierno el 31 de mayo pasado, cuando dispuso el incremento del 3 por ciento al servicio eléctrico.
De igual manera, manifiesta que el “ajuste” tendrá efectos multiplicadores negativos en los precios de bienes de consumo.
Similar opinión fue expresada por su colega Darío Monasterio, en las últimas horas, quien sostiene que la población con menores ingresos asumirá el costo social de la medida.
ESCALA
“Si bien la cifra del “ajuste” (4%) puede verse “pequeña”, en economía la escala es la que importa, de manera que sí, evidentemente, se sentirá un “incremento” por culpa del “ajuste”, que además indica la prensa es el más alto de los últimos años”, dijo en un artículo de opinión de Gómez, reproducido por el portal Urgente.bo.
EMPRESARIOS
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró el martes que el ajuste en la tarifa de energía eléctrica en el país, de hasta 3%, es “manejable” y de ninguna manera debe generar un proceso inflacionario en el mercado interno.
“Creemos nosotros que si bien no deja de ser un problema cualquier incremento, es un tema que puede ser manejable en el interior de las empresas y no derivará en una mayor problemática que pueda causarnos, cuando hablamos de una forma imprudente de inflación, eso no creemos que se dé”, remarcó Nostas.
GOBIERNO
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillen, informó que el ajuste a las tarifas de energía eléctrica no generará inflación, como indicaron algunos analistas y políticos que adelantaron la posibilidad de un efecto multiplicador.
TRABAJADORES
Un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), efectuado en Cochabamba, rechazó la decisión gubernamental de elevar las tarifas de la electricidad y decidió convocar a un paro nacional movilizado de sus afiliados, que se efectuaría el 12 de julio, para demandar su anulación, informó su secretario ejecutivo, Guido Mitma.
“El tema de la electricidad se ha llegado a rechazar (…) El paro movilizado de 24 horas es para el día miércoles 12 de julio”, dijo a los periodistas, en el final de dicho evento sindical.
AUTORIZACIÓN
El director de la Autoridad de Electricidad, Richard Alcócer, informó, a través de un medio radial, el 16 de junio que se autorizó a las distribuidoras del país ajustar o subir hasta un 3% las tarifas de energía eléctrica que se cobran al consumidor final, con el propósito de actualizar los costos que cobran las generadoras.
PRECIOS FINALES
Gómez, que también es analista petrolero, explicó que “al subir la estructura de costos de la empresa son inmediatamente trasladados a los precios finales que debe pagar el consumidor, el ciudadano. De manera que el ajuste es un ataque al bolsillo –ya esmirriado– del ciudadano”, sostuvo.
MONOPOLIO EN SECTOR ELÉCTRICO
El analista Bóris Gómez Úzqueda expuso que el Gobierno “no debería buscar mejoras en el servicio de electricidad vía ajuste de tarifas, sino a través de nuevas inversiones”.
En su opinión, en Bolivia subsiste el monopolio del Estado en los sectores de energía e hidrocarburos, ante lo que es importante captar inversiones privadas que permitan mejorar la estructura del negocio, de manera de ampliarlo, modernizarlo y optimizarlo.
Las principales compañías eléctricas del país, como la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE); Compañía Eléctrica Sucre (Cessa) y Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec), anunciaron que incrementarán tarifas de electricidad para el consumidor final, de aplicarse el “ajuste”. La distribuidora Delapaz dijo que el incremento “es un hecho”.
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA Y CONSUMO
Bolivia tiene una oferta de energía eléctrica de 1.900 megavatios (MW) y su demanda interna es de 1.400 MW, por lo que tiene un excedente de 500 MW. Eso debería dar la tranquilidad suficiente al país para consumir, sin los nubarrones de la preocupación por déficit de demanda, ni del tormento de esperar “ajustes” o subas de tarifas, sostuvo el analista, Gómez.
Toda suba, ajuste o incremento del precio de la electricidad, debe ir de la mano de políticas de eficiencia energética y en el caso boliviano considerar la ampliación de la denominada Tarifa Dignidad (descuento del 25% del costo aplicado a usuarios de bajos recursos y que no reportan un uso excesivo consumo).
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