La organización realiza la medición “con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho por medio de una evaluación cuantitativa diseñada para ofrecer una imagen detallada y completa de la medida en que los países se adhieren al Estado de derecho en la práctica”.
Según el informe de la gestión 2017/2018, Bolivia descendió dos puestos y quedó en el lugar 106 del ranking realizado entre los 113 países que se encuentran adheridos a este modelo.
El puntaje general de Bolivia alcanzó 0,38, en una escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de derecho. El informe realiza una separación por regiones. América Latina y el Caribe están conformados por 30 naciones; el país con el mejor posicionamiento es Uruguay con una nota de 0,71, en tanto que el último puesto es para Venezuela, con 0,29.
A escala regional, Bolivia ocupa el puesto 29 de 30 países.
La medición anual que se realiza en 113 países permite tener datos sobre ocho dimensiones, las cuales arrojan la medición general: Restricciones en los poderes del gobierno, puesto 104; Ausencia de corrupción, 110; Gobierno abierto, 81; Derechos fundamentales, 92, Orden y seguridad, 101; Cumplimiento normativo, 98; Justicia civil, 111, y Justicia penal, 112, fueron los puntajes en el caso del país.
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