Álvaro Valero / Página Siete. Personas con discapacidad continúan en la vigilia en la plaza San Francisco.
El alcalde paceño exige a la AMB y a la FAM que los convoquen a una reunión de emergencia para tratar la factibilidad del proyecto de ley; exige un censo.
Página Siete / Wendy Pinto / La Paz
El presidente Evo Morales remitió ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que establece que los municipios paguen un bono de 250 bolivianos mensuales a discapacitados graves y muy graves. La iniciativa desató el rechazo de algunas alcaldías y desconfianza en organizaciones de ese sector social que no son afines al gobierno.
Mientras hay municipios que rechazan asumir esa responsabilidad aduciendo que no tienen los recursos económicos para ello, organizaciones de discapacitados, contrarias al Gobierno, advierten que las alcaldías se excusarán de pagar dicho bono.
"Dirán (los municipios) que no tienen dinero”, expresó ayer el presidente del Comité Nacional de Lucha por la Renta Mensual de Personas con Discapacidad (Conalur), César Ugarte.
"No les compete a las alcaldías la renta mensual de 250 bolivianos, es responsabilidad del Estado. Si eso quiere el Gobierno, tiene que dar efectivo del Tesoro General de la Nación (TGN) para que no peleemos con los municipios, porque llegado el momento ellos nos dirán ‘no hay plata por la crisis’”, dijo el representante de Conalur Oruro, Martín Auca Colque, que permanece en una vigilia instalada desde 2016 en la plaza San Francisco.
A las 7:30 de ayer, el presidente Morales envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que señala que el beneficio deberá ser pagado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de los municipios.
"Entiendo perfectamente el pedido de los hermanos con discapacidad grave y muy grave. El Gobierno tiene tantas obligaciones en tema de rentas y de bonos (...) Hoy (ayer) enviamos a la ALP para que haga su tratamiento correspondiente, esperamos seguir mejorando si hay una propuesta mejor; siempre estaremos abiertos, pero eso ya estará a cargo de la Asamblea”, dijo Morales, tras firmar el documento.
El proyecto de ley que leyó el Primer Mandatario se basó en otro proyecto de ley N° 296/16, documento que según una relación cronológica de los hechos que rodearon la movilización de discapacitados de 2016 sería consecuencia de recomendaciones que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Gobierno en favor de ese sector.
En septiembre de 2016, la ONU dijo que las personas discapacitadas "viven en condiciones de pobreza o que están desempleadas”. Un mes después el presidente Morales remitió el citado proyecto de ley que finalmente no fue tratado el año pasado. Ayer volvió a remitir un proyecto cumpliendo las formalidades.
Este medio preguntó la semana pasada y de forma escrita al Ministerio de Justicia si el proyecto gubernamental es una respuesta a las recomendaciones de la ONU, hasta el momento ese despacho ministerial no respondió aún.
Para el presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (Cobopdi), Roberto Nacho, -quien estuvo junto a un grupo de discapacitados en Palacio de Gobierno- saludó la acción de Morales. "Es producto de un acuerdo de 42 puntos firmado el año pasado con el Gobierno.
Una vez enterados de la iniciativa gubernamental, los alcaldes de Tarija y La Paz, Rodrigo Paz y Luis Revilla, rechazaron el proyecto de ley. Revilla reclamó que el Gobierno disponga de recursos económicos ajenos sin consultar a las autoridades ediles. Pidió un censo de discapacitados para establecer el número de beneficiarios y su condición.
Aseguraron que no cuentan con los suficientes recursos para cumplir este pago en caso de convertirse en norma nacional. Revilla pidió a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y a la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) una reunión de emergencia para tratar un tema que afectará la gestión de las alcaldías.
El ministro de Economía, Luis Arce y la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aseguraron que los municipios pueden pagar el bono porque financiaron las protestas de discapacitados en 2016.
El proyecto de ley
- Trabajo "Todas las instituciones del sector público (...) tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad , en un porcentaje no menor al 4% de sus planillas”.
- Privados Asimismo, en el sector privado deberá contratarse a un 2% de personas con discapacidad o de un familiar cercano, según la disposición.
- Invidentes. Las personas con discapacidad visual están excluidas del bono, es sólo para discapacitados graves y muy graves.
- Pago El proyecto de ley establece que el bono será pagado por los gobiernos autónomos municipales.
Alcaldía alteña necesita al menos Bs 450 mil
Virgilia Mamani/ El Alto
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto necesita al menos 450 mil bolivianos para el pago del "Bono Municipal” a 1.800 personas con discapacidad grave y muy grave.
"Sólo en la urbe hay 3.800 personas carnetizadas. Entre ellas, 1.800 tienen una discapacidad grave y muy grave. El monto de 250 bolivianos es vital para nosotros”, indicó Rolando Alcázar, vicepresidente de la Federación Regional de las Personas con Discapacidad de El Alto.
El concejal Óscar Huanca, de Unidad Nacional, señaló que "el Gobierno nos da (recursos económicos) con una mano y nos quita con la otra. Nos parece una carga estos 250 bolivianos que tenemos que dar a (las personas con) discapacidad”. Asimismo, instó a debatir el tema del Pacto Fiscal porque "hay una inequidad en la distribución de recursos económicos. El bono afectaría a la ejecución de varias obras o jacha obras”, manifestó.
Juanito Angulo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que el proyecto de ley no sólo contempla un pago económico, sino también la inserción laboral del 4% en empresas públicas y 2% en privadas. "El Gobierno transfiere recursos del IDH y Cooperación Tributaria, de ahí tiene que salir el presupuesto para el bono”, dijo el concejal.
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