El concejal Javier Tarqui (Sol.bo) informó el viernes que en febrero pasado se había solicitado un informe escrito a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana sobre los resultados de la aplicación de la Ley Municipal 458/2017 de corresponsabilidad de los propietarios de inmuebles donde funcionan actividades clandestinas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, petitorio que hasta la fecha no fue contestada.
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En consecuencia, Tarqui reiteró que se envió por segunda vez la Petición de Informe Escrito (PIE) y de no ser respondida –dijo- se procederá con la convocatoria al secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, a informe oral ante el pleno del Concejo Municipal.
«Lamentablemente el Ejecutivo no ha remitido la información, les hemos pedido el reglamento y los datos de los operativos. Desde el mes de febrero enviamos una petición de informe escrito y nos piden ampliar plazos, hay observaciones, entonces estamos reiterando antes de emitir la Petición de Informe Oral al Secretario de Seguridad Ciudadana para conocer el grado de avance porque la población dice: ‘este bar lo clausuran y nuevamente lo re abren’, cuando hemos aprobado una normativa que dice que tiene que sancionarse también al dueño de casa”, sostuvo Tarqui.
La Ley Municipal 458/2017 sanciona a propietarios de inmuebles que alquilen sus viviendas para el funcionamiento ilegal de locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas e impone sanciones económicas a los que incurran en este tipo irregularidades. Las multas van desde 2.000 UFV hasta los 10.000 UFV cuya finalidad es evitar que los bares ilegales reabran sus puertas luego de ser clausurados.
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