Así como de coca, las poblaciones de Sud Yungas están sembradas de autos chutos. Casi todos los vehículos que circulan por Chulumani, Coripata e Irupana son ilegales, no tienen placa ni SOAT. Los propietarios -la gran mayoría productores de coca- aseguran que los motorizados son sus herramientas de trabajo. La Policía, a falta de efectivos, se ve sobrepasada por los chuteros.
Cientos de vehículos llenan de polvo las calles angostas de Chulumani; son tantos que provocan congestión en la entrada a la capital de Sud Yungas. Los hay de todas las marcas y modelos, desde modestos Toyota de los años 90 hasta flamantes vagonetas Land Cruiser “saliditas de paquete”.
Todos tienen en común la ausencia de placas porque han entrado ilegalmente desde la zona fronteriza de Oruro. Llegan directamente por caminos precarios que conectan Inquisivi, Lambate e Irupana. De allí se distribuyen hacia pueblos yungueños del sur y del norte.
Se venden en las ferias que se instalan una vez a la semana. En el norte las más grandes son las de Caranavi y de Palos Blancos; en el sur crece la de Chulumani. Allí se pueden encontrar autos chutos desde 1.000 dólares, los más antiguos, hasta 10.000, los nuevos. Ninguno de estos motorizados puede salir de su provincia a riesgo de ser decomisado.
Los límites internos también están bien marcados; algunos taxistas hacen carreras entre barrios de los municipios y otros conectan poblaciones vecinas. De Chulumani parten hacia Irupana, Coripata y Coroico. Los pasajes oscilan entre 15 y 40 bolivianos.
“Herramienta” en los cocales
“Yo tengo tres chutitos: dos los hago laburar de taxis y el otro es para la familia”. Jorge L. tiene 23 años y dos hijos pequeños. Tiene también cocales. “No es que quiera, es que son mi instrumento de trabajo. Los taxis dan renta y también sirven para recoger a la minga (jornaleros) y llevar los taques. Los chutos son como las mulas para el campo”, explica el productor que vive en Chulumani.
“Los autos son bien necesarios para nosotros. Antes te comprabas una mula o un tractor y ahora mejor es comprarse un chuto”, comenta Rogelio N., eventual conductor de minibús indocumentado y cocalero a tiempo completo en una región donde la mayoría son productores de la hoja y dueños de al menos un automóvil sin papeles.
“Los jóvenes hoy sólo aspiran a tener su cato de coca y su chuto. Cada vez hay más autos y menos control”, comenta don Mario, vecino de Irupana.
“Son chuteros y encima corren como locos. Uno de esos le ha atropellado a mi tía y se ha escapado. Ni cómo agarrarlo. Cada vez hay accidentes por estos lados”, refiere María Cabrera.
En la tienda de abarrotes cercana, una mujer vende gasolina en bidón al conductor de una moto sin placa. “Todas las tiendas venden por 10 o 20 litros. De dónde, cómo comprarán”, añade María. Los comerciantes se guardan el dato: “No le puedo decir”.
La Policía y el control
Casi todos los vehículos de Sud Yungas son chutos. Basta mirar las calles de los municipios de la región: de cada 10 autos, nueve no tienen placas.
Pese a la evidencia de ilegalidad, la Policía poco puede hacer ante la proliferación de vehículos chutos. “Faltan efectivos para un problema de grandes dimensiones, que se arrastra de gestiones pasadas”, analiza el jefe de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) La Paz, coronel Jaldivec Escobar.
Asegura que tienen datos, no los puede revelar por la seguridad de la investigación, que se precisan megaoperativos conjuntos. “Los policías han sido sacados de esa región -recalca-. Necesitamos retomar el control”.
Escobar dice que la tarea de controlar el ingreso de automóviles indocumentados a Bolivia corresponde a la Aduana Nacional.
En 2016, la Aduana logró incautar de 1.638 vehículos ilegales, de acuerdo a la Memoria Institucional de esa gestión; sin embargo cientos circulan y se comercializan en el país. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los chutos llegan a 33.000.
Los propietarios de los vehículos indocumentados de Sud Yungas no están dispuestos a aceptar controles a sus propiedades. “Nosotros vamos a defender nuestro derecho, aunque el Gobierno no nos quiera. Somos toditos”, advierte Rogelio N.
Aún está fresco entre los chulumaneños el recuerdo del día cuando, en 2013, policías realizaron un operativo de chutos en la carrera y fueron cercados por cocaleros. Fue tal la presión de los lugareños que los efectivos tuvieron que irse sin incautaciones.
Ese año se creó en los Yungas la Asociación de Autos Indocumentados. Sus miembros se oponían a las incautaciones de chutos, pedían al Gobierno una nueva amnistía, posibilidad que fue rechazada por las autoridades.
En junio de 2011 se había aprobado la Ley de Regularización y Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, que daba una amnistía tres meses para la legalización de vehículos indocumentados. Pasado el plazo, la norma establecía: “se procederá al decomiso de los automotores a favor del Estado boliviano. Luego serán entregados a las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y otras entidades”.
La Aduana cerró ese programa con 71.995 chutos nacionalizados y una recaudación de 175,69 millones de dólares.
Ferias de chutos
Semanalmente se instala una feria de autos chutos en la zona Amor de Dios de Chulumani. Allí llegan potenciales clientes de toda la región para ver la nueva camada de vehículos en oferta.
Muy pocos compradores piden papeles aunque algunos vendedores dan esa opción, que incrementa el precio. Los coches con mayor demanda son de marca Toyota, especialmente los modelos Ipsum, Noha, Spacio y Corolla, que pueden trabajar como taxis o minibuses, coinciden los vecinos.
“Los autos que vendemos no necesitan placas ni nada. Los dueños han llegado a un acuerdo con el Municipio para pagar impuestos por el uso de las calles y como el combustible se puede comprar en las tiendas, no hay razón para que estos autos salgan a las ciudades y puedan ser decomisados y los del COA nunca llegarán a estos sectores”, comenta Alex, un vendedor de chutos que asegura que no es internador sino intermediario.
Nadie, desde instancias ediles, pudo corroborar la versión del “acuerdo”. Estos días hay conflictos en Chulumani y Coripata, La Asunta y los hubo en Irupana por vigilias de comunarios que han cerrado los edificios ediles. Protestan por las malas gestiones de sus alcaldes afines al MAS y los acusan de traicionar la lucha contra la Ley General de la Coca 906.
Ley anti contrabando
Después del asesinato de dos efectivos de la Unidad de Control Aduanero (UCA) cerca al punto fronterizo de Sabaya, en marzo pasado, el presidente Evo Morales anunció una ley que faculte a las Fuerzas Armadas el uso de armas de fuego en la lucha contra el contrabando. El proyecto normativo está en la Asamblea Legislativa.
“Se están haciendo precisiones en la ley sobre las tareas que cumplirán las FFAA y Policía. También se van a establecer protocolos para la detención en carretera de vehículos que se presuma de contrabando y la regulación para detener el ingreso y circulación de vehículos por diferentes medios”, dijo el pasado miércoles el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, después del último Gabinete.
La norma prevé también sanciones más duras contra el ilícito del contrabando. Además de controles a los autos chutos que proliferan en el área rural, con énfasis en el Chapare cochabambino y los Yungas paceños.
“Antes eran mulas ahora son autos chutos los que abren caminos al trabajo en las comunidades yungueñas”, sentencia Jorge antes de abordar uno de sus tres vehículos sin placa rumbo a sus cocales.
Los chutos ingresan por vías clandestinas hasta Irupana
Los autos chutos ingresan por varías vías hasta los Yungas paceños donde circulan libremente sin placas. La ruta más directa recorre puntos cercanos a Inquisivi, Lambate e Irupana.
“Hay también los que traen los autos por Oruro y El Alto; pero es más complicado. Es mejor que entren por la región de Inquisivi hasta los Yungas”, explica Martha, comerciante de motorizados en la feria de Chulumani.
Cuenta que ella misma fue a traer un vehículo una vez hasta la Zona Franca de Iquique, Chile. “Esa vez, he comprado un chutito y he pagado a un tramitador chileno para que lo haga pasar. Cien dólares me ha costado”, cuenta.
Ya en territorio boliviano, viajó con su esposo en el automóvil. “Hemos ido por Oruro hasta Quime y de ahí ya hemos tomado Lambate y ya estábamos en Irupana”, relata.
Desde Irupana, el mercado de los carros indocumentados se expande. No hay controles ni policiales ni del COA y, siempre y cuando los motorizados no salgan de los límites provinciales, pueden circular con libertad sin placas.
“Algunas personas se hacen traer especialmente su carrito, ya eligen desde aquí el modelo que quieren y ya negocia nomás con el internador. Otros se compran los que están en la feria”, añade.
Los habitantes de la región coinciden en que usan los vehículos chutos que adquieren para transportar taques , recoger a sus trabajadores y otras faenas en los cocales.
“También les hacemos trabajar de taxis o minibuses. Para nosotros en un ingreso extra a lo que ganamos con la coca”, señala Rogelio N., desde la población de Irupana.
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