El concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Javier Tarqui, denunció ayer que la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, pidió al Concejo Municipal la abrogación de la Resolución Municipal 121, que declara prioridad municipal la instalación de 250 cámaras de video vigilancia como parte del proyecto gubernamental de seguridad ciudadana BOL-110 en la ciudad.
El Alteño
Con documentos en mano, el legislador municipal lamentó que la máxima autoridad maneje un doble discurso respecto a este tema.
“Lo que nos preocupa es el doble discurso que a ratos maneja nuestra Alcaldesa, ella está pidiendo la abrogatoria de la Resolución Municipal que declara prioridad municipal ¿Qué significa prioridad municipal? Significa que la Alcaldes puede gestionar recursos para que ese proyecto se materialice y más aún en un área que es delicada, el área de seguridad ciudadana”, declaró a la prensa.
La denuncia de Tarqui surge a raíz del informe que dio a este medio la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana (SMSC), en sentido a que tanto el Gobierno central, como el Municipio llegaron a un acuerdo para la implementación del BOL-110 y que su puesta en marcha está en camino.
“Quisiéramos que toda nuestra ciudad de El Alto tenga cámaras de vigilancia, pero no entendemos que la alcaldesa Soledad Chapetón pida que se anule esta Resolución Municipal, más bien deberíamos utilizar esa Resolución para entablar niveles de coordinación con el Gobierno nacional, con el departamental y buscar recursos y que se materialice”, manifestó.
En efecto, la Alcaldesa hizo llegar en fecha 24 de agosto al Concejo Municipal la solicitud de abrogación de la Resolución Municipal 121/2018 porque considera que va en contra de la autonomía del Municipio. Se observa la conminatoria que hace el Concejo al Ejecutivo para la ejecución del BOL-110, entre otros. “Se establece la inaplicabilidad de la Resolución Municipal No 121/2018, al constituirse en un acto contrario al marco normativo vigente que a su vez ha sido emitido fuera del marco de las funciones del Concejo Municipal de El Alto como ente fiscalizador arrogándose atribuciones propias del Ejecutivo Municipal, y contrario al principio de Separación de Órganos que rige en el funcionamiento de los gobiernos autónomos municipales; por lo que corresponde considerar los extremos del presente informe por el Concejo Municipal de El Alto, para que éste en el marco del Artículo 94 (Procedimiento de Modificación, Derogación y/o Abrogación de Resoluciones Municipales) del Reglamento General del Concejo Municipal de El Alto; se deje sin efecto la Resolución Municipal No 121/2018 de 10 de agosto de 2018 o caso contrario el Ejecutivo Municipal tomará las acciones legales que correspondan”, indica el capítulo III de conclusión del documento enviado al Concejo alteño.
DESCONOCIMIENTO
El secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, se limitó a indicar que desconocía las declaraciones del concejal Javier Tarqui. Anunció para hoy una conferencia de prensa para informar sobre el BOL-110.
El Concejo Municipal como el Ejecutivo Municipal, tuvieron un roce sobre este tema. El primero acusó al segundo de no dar importancia al proyecto de seguridad ciudadana del Gobierno central y que postergaba su ejecución, que básicamente consiste en la instalación de 250 cámaras de video vigilancia, una donación de la República Popular de China.
El Municipio hizo observaciones al proyecto gubernamental, en sentido de que no ampliaba su cobertura y por la falta de policías para realizar el patrullaje, además del monitoreo de los equipos.
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